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La Sala Laboral falló a favor de la empleada de un banco que pedía que su renuncia fuera revocada ya que había dejado su puesto en medio de una crisis depresiva.

La Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, dio un importante avance sobre el reconocimiento de la depresión y otras enfermedades mentales, al darle la razón a una empleada de una entidad bancaria que solcitaba su reintegro, teniendo en cuenta que renuncio a su cargo en el momento en que se encontraba en una crisis depresiva.

La decisión crea un precedente en el que, según el magistrado Gerardo Botero Zuluaga, “los empleadores deben tener extremo cuidado en el momento que se presente la renuncia de un trabajador cuando tenga padecimientos en su estado mental”.

Ante ese diagnóstico, la accionante pidió que se revocara su renuncia ya que no estaba en condiciones mentales para tomar una decisión de tal calado. Para dicho fin, inició un proceso ante un juzgado laboral de Caucasia, Antioquia. Durante el proceso, la institución bancaria negó el pedido de su extrabajadora debido a que no conocía la historia clínica de ella y nunca fue declarada interdicta -incapaz de tomar decisiones por sí misma-, por lo que estaba en todas sus capacidades para entender las consecuencias de su decisión.  

Sin embargo, en primera instancia, el juzgado de Caucasia le dio la razón a la accionante y determinó que la renuncia no tenía validez. De esta forma, le ordenó al banco que la reinstituyera al cargo que venía desempeñando -garantizándole las mismas o mejores condiciones- y el pago de los sueldos que no recibió desde el día de la renuncia hasta el momento del fallo, 23 de noviembre de 2011.

El fallo no fue aceptado por el banco, por lo que fue apelado ante la Sala Laboral del Tribunal Superior de Antioquia. En esta instancia, la decisión fue totalmente contraria. Para tomar esta determinación, el magistrado se basó en declaraciones del 4 de julio de 2008 escritas por la accionante en las que pedía ser internada para “ver si salgo de este problema que tengo. Me deprimo con cualquier cosa, cualquier cosa me hace recaer. Yo soy viuda y quiero volver a ser la que era hace 6 años.”. En esta misma declaración aseguró que había caído en alcoholismo y en el consumo de otras sustancias debido a su condición.

Para el togado, esta declaración era una prueba fehaciente de que la mujer estaba en todas sus capacidades para tomar una decisión ya que, incluso, tenía clara la condición en la que se encontraba y pedía ayuda para poder salir de ella. “Dada las condiciones psíquicas mentales de normalidad que evidenció la demandante, previas y posteriores al día de su renuncia, no hay razón para pensar que el 15 de agosto de 2008, estaba afectada por una discapacidad mental absoluta”, declaró el tribunal departamental. De esta forma, se revocó el fallo de primera instancia y se dejó en firme la renuncia.

El caso tuvo que llegar hasta Bogotá debido a la acción de casación presentada por la mujer. El alto tribunal acogió sus peticiones. De acuerdo con la Corte, hubo una apreciación equivocada de la historia clínica de la demandante y no se tuvo en cuenta los dictámenes médicos que demostraban de la grave depresión que sufría la accionante.

“Para esta sala, contrario a tal inferencia (la de segunda instancia, fácil es deducir que le hecho de que haya concurrido a la clínica de rehabilitación a buscar ayuda y que sea consciente de su adicción a sustancias psicoactivas, no la hace que tenga plena facultad volitiva y de discernimiento que le permitiera medir las consecuencias de sus actos. Lo que puede colegirse del proceder de la accionantes, es que en tan mal era su estado de salud mental, que buscó ayuda profesional”, aseguró la Corte Suprema.

Asimismo, la Sala Laboral del alto tribunal determinó que los diagnósticos de la situación psicológica de la mujer demuestran una alteración mental causados por “un episodio depresivo grave”, que demostrarían que no estaba en plena capacidad para tomar las decisiones que tomó, como fue la renuncia. Uno de los elementos más llamativos es que el alto tribunal contradijo a la institución bancaria, frente al desconocimiento de la condición de su trabajadora. Según la Corte, el banco había tramitado varias de las incapacidades que había presentado la mujer y sabía de la enfermedad que la aquejaba.

 “De tales conceptos se colige, que el estado mental de la demandante produjo una repercusión de sus procedimientos cognitivos, psicológicos y de conducta, lo que sin lugar a duda conlleva o se traduce en dificultades de raciocinio, alteraciones del comportamiento e incluso en impedimentos para comprender la realidad”, concluyó la Sala Laboral, que calificó este proceso entre los casos difíciles.  

Ante este dictamen, el alto tribunal decidió avalar la casación y dejar sin validez el primer fallo. Sin embargo, dejó constancia de que la accionante debía ser evaluada para saber si perdió su capacidad laboral en “razón de su padecimiento de trastornos mentales” y pidió a la mujer que informe si se encuentra pensionada por invalidez.



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