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¿Quién tiene la carga de la prueba en un proceso de acción popular?
¿Quién tiene la carga de la prueba en un proceso de acción popular?

Las pruebas son los mecanismos indispensables para determinar si quien alega el derecho tiene la razón o no, por lo general al demandante le corresponde aportar las pruebas necesarias para probar los hechos de la demanda, sin embargo en ciertos casos esta carga se puede trasladar.


Cuando se interpone una acción popular quien alega la vulneración o violación de derechos e intereses colectivos debe probar que dicha violación o vulneración efectivamente se está realizando, es decir, que la carga de la prueba corresponde al demandante.


Sin embargo, pese a que en la acción popular la carga de la prueba se encuentra en cabeza del demandante, cuando por circunstancias económicas o causas técnicas este no pueda aportarlas el juez deberá ordenar la forma de recaudarlas, por ejemplo cuando sea ha solicitado el amparo de pobreza por no tener el demandante los medios para asumir las cargas procesales.


Debido al impulso procesal oficioso que le debe dar el juez a una demanda de acción popular, cuando el demandante no se encuentre en la posibilidad de aportar las pruebas necesarias para determinar la violación o vulneración de los derechos e intereses colectivos alegados en la demanda, el juez debe impartir las ordenes correspondientes para recaudarlas y de esta manera poder fallar de fondo el asunto.


El artículo 5° de la ley 472 de 1998 establece la obligación del juez impulso oficioso de las acciones populares, en el inciso 3° de dicho artículo se señala lo siguiente:


“Promovida la acción, es obligación del juez impulsarla oficiosamente y producir decisión de mérito so pena de incurrir en falta disciplinaria, sancionable con destitución. Para este fin el funcionario de conocimiento deberá adoptar las medidas conducentes para adecuar la petición a la acción que corresponda”. 


Por otro lado respecto a la participación de terceros en la acción popular,  por ser esta una acción de carácter público cualquier persona puede intervenir como coadyuvante siempre y cuando intervenga antes de que se haya dictado sentencia de primera instancia, además de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la ley 472 de 1998 podrán actuar como coadyuvantes las siguientes entidades:


  • Organizaciones populares o cívicas.
  • La defensoría del pueblo.
  • Personerías distritales o municipales.
  • Las autoridades cuyas funciones sean proteger o defender derechos e intereses colectivos.


Fuente: gerencie.com




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